Feminicidio Juárez 

Los feminicidios en Ciudad Juárez y las muertas de Juárez son dos expresiones que hacen referencia a la suma de feminicidios y asesinatos de mujeres que se vienen cometiendo en la ciudad mexicana de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, al menos desde enero de 1993. El número estimado de mujeres asesinadas hasta el año 2012 asciende a más de 700. Desde entonces, los hallazgos han continuado hasta hoy. La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes de color moreno; un considerable número de ellas, trabajadoras de las maquiladoras que habían inmigrado en busca de mejores condiciones de vida y que vivían expuestas a la inseguridad por los horarios de trabajo y por la falta de transporte nocturno. Muchas fueron raptadas, mantenidas en cautiverio durante días, sometidas a vejámenes, violencia sexual, torturas y mutilaciones. Encontraron la muerte por estrangulamiento o por golpes salvajes. Sus cuerpos fueron escondidos entre escombros, en zonas desérticas o al lado de las vías para hacer creer que el tren las había destrozado. Entre las asesinadas hay no sólo empleadas de las maquiladoras, también amas de casa, estudiantes, trabajadoras de servicio doméstico y prostitutas.

La primera víctima contabilizada fue la niña Alma Chavira Farel, en enero de 1993.En mayo de 1993 fue raptada Gladys Janeth Fierro, de 12 años de edad, quien fue violada y muerta por estrangulamiento. En septiembre de 1995, Silvia Rivera Morales, de 17 años, fue encontrada en Lote Bravo, al sur del aeropuerto, habiendo sido violada, estrangulada, y además torturada brutalmente. Este último modus operandi se repitió el mismo año en el mismo lugar, uno de los barrios favorecidos de Ciudad Juárez. En 1996, seis cuerpos fueron encontrados en la zona desértica Lomas de Poleo, acuchilladas, mutiladas y violadas. Sagrario González, también de 17 años, obrera de una maquiladora, desapareció al salir del trabajo en abril de 1998. Días después fue encontrada muerta en un terreno baldío, habiendo sido violada, estrangulada y acuchillada. La espalda de algunas de estas víctimas tenían símbolos de triángulos realizados por armas corto punzante símbolo de la ultraderecha.

Algunos cuerpos nunca fueron reclamados. Pero los familiares de muchas de las víctimas sí las buscaron. Y al emprender esta tarea se toparon con la desidia y la burla de las autoridades locales. Un primer problema: en Chihuahua la desaparición forzosa no es un delito grave que debe perseguirse de oficio. Por esto, nunca se investigó a tiempo. A los familiares se les daban respuestas insultantes: “Ya aparecerá con su cholo y sus cholitos”, “Ella se lo buscó”, “Eso no hubiera pasado si hubiera traído una falda más larga”. La madre de una asesinada se quejaba amargamente de que “el matón” no se presentaba a declarar porque lo protegían parientes de Seguridad Pública y de la Judicial. Quienes demandaban que se investigara en las casas de seguridad de los narcos eran amenazados y todos los que pedían justicia eran hostigados. Se fue haciendo así evidente la complicidad de policías municipales, estatales y federales. Los familiares se quejaban de que se les maltrataba e ignoraba porque ellos y las asesinadas no eran ricos. Las víctimas y sus deudos no tenían acceso a la justicia y la desconfianza en las autoridades fue en aumento.

Las personas han insistido en que un solo caso debía haber bastado para que las autoridades hubieran realizado una investigación bien hecha y creíble, con más razón cuando los casos se multiplicaban, sin respuesta de las autoridades. Estas agrupaciones fueron aportando líneas de investigación sustentadas, incluso con nombres y teléfonos. Las autoridades desdeñaban sus datos, mientras las agraviadas exigían inútilmente que imperara el Estado de derecho.
Para buscar solución a este abominable problema la sociedad civil organizada detectó graves anomalías en las investigaciones oficiales: errores en las fechas de las denuncias y encuentro de los cadáveres, racismo sexista en el momento del levantamiento de la denuncia, importantes fallas en los expedientes, rezagos en la identificación, localización y búsqueda de las víctimas... La actividad cívica evidenció el deterioro de las corporaciones policiales. Las primeras reacciones de las autoridades locales trataron de minimizar los hechos alegando que todo se estaba exagerando y que se trataba de hechos aislados. Después, el gobierno del Estado de Chihuahua aseguró que todos los culpables se encontraban ya presos. Cuando esto fue desmentido, porque no se había hecho un esclarecimiento fundado de todas las denuncias, el gobierno local, irresponsablemente, se declaró “superado”. La presión de la sociedad civil prosiguió y la Procuraduría General de la República (PGR), junto con la Procuraduría estatal integraron una Fiscalía mixta, señalada como ineficaz y simuladora. Tanto los gobernantes panistas como los priístas, estatales y municipales, han sido incapaces para dar respuestas válidas, profundizando así la impunidad.

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